El desarrollo en España, durante las dos últimas décadas, de las escuelas municipales de música ha sido de tales proporciones que ha convertido este tipo de equipamiento en una presencia habitual en nuestros municipios, colocándolas –por lo que respecta a las prioridades municipales– a un nivel muy cercano al de otros servicios educativos o culturales, como bibliotecas o centros cívicos, que, aunque no son obligatorios, son percibidos por la ciudadanía como imprescindibles. Este desarrollo ha supuesto un aumento del número de centros dedicados a esta labor, de usuarios que se benefician de los servicios que estos centros prestan, y del valor social que le conceden las administraciones y la ciudadanía en general.
Todo esto se debe, sin duda, a la creciente demanda de este servicio por parte de la ciudadanía. Es esta ciudadanía la que va considerando de manera paulatina la enseñanza de la música, primero como un asunto de interés y, segundo, como un derecho al que la sociedad y las administraciones han de dar respuesta.
Pero el éxito del que han gozado las escuelas de música se debe también a que estas se han mostrado como instrumentos difícilmente sustituibles para la consecución de objetivos que a principios de los años noventa sólo unos pocos de los responsables de estos centros tenían en mente. Así pues,al proponerse facilitar el acceso de la ciudadanía a la práctica musical, han surgido cuestiones referidas no solo a la música (¿qué músicas?, ¿qué prácticas musicales?), o a su enseñanza (¿primero aprender a leer música y después a tocar o al revés?), sino también referidas a su función social (¿puede ayudarnos la música a integrar sectores de la población poco favorecidos?).
Todo esto acaba configurando una escuela municipal de música como un equipamiento que va más allá del ámbito de la educación, incluso más allá de la cultura, para pasar a ser un instrumento transversal de servicio a la ciudadanía.
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