Los 17 profesores de la Escuela de Música Mariano de las Heras del Ayuntamiento de Valladolid, de gestión privada, ya habían recibido la carta de despido cuando el pasado viernes la concejal de participación ciudadana, Domi Fernández, hablaba a EL PAÍS de sus planes para el curso que viene. Pretende recortar el presupuesto de 500.000 euros rebajando lo que se paga a las contratas y cubriendo los gastos con lo que abonan los 600 alumnos sin subir un euro. “Es viable. Lo que no tiene sentido es que en una academia privada —que tiene que pagar también el local— cueste menos la enseñanza que lo que le cuesta al Ayuntamiento”.
El caso es que el lunes no hubo clase. El Ayuntamiento convirtió este curso de la escuela en una actividad sociocultural sin ciclos formativos y los 600 alumnos con 300 en lista de espera se convirtieron en 225. Con estos números, la empresa no ha podido impartir las horas acordadas, el Consistorio no ha pagado en todo el curso y se ha presentado un ERE.
Se busca ahora la forma de
devolver a los alumnos las cuotas de lo que resta de curso con la fianza. Valladolid no es un caso aislado. Se asiste a un dramático desangrado en muchas escuelas musicales gestionadas por unos Ayuntamientos arruinados. Estos recuerdan que no es un gasto “básico” ni “obligatorio”, porque no son enseñanzas curriculares y que, además, con los impuestos de todos no debe pagarse algo que disfrutan unos pocos cuando hay vacas flacas.
Hace 20 años, en España se tomó conciencia de que estas escuelas eran un servicio público que debía servir de herramienta para fomentar la cohesión social, el éxito escolar y el aprendizaje de las competencias básicas. Con el tijeretazo lleva camino de volver a ser una educación elitista al alcance de pocos. Hay escuelas que han cerrado, como las de Tegueste y Teror en Canarias y Alcázar de San Juan (Ciudad Real); otras que han aumentado los precios, como las del Ayuntamiento de Madrid, que han
pasado de cobrar 50 a 150 euros al mes; o con un futuro incierto, como los conservatorios de Tolosa (Navarra) y Mérida (Badajoz).
Según un estudio de la Associació Catalana d’Escoles de Música i Dansa
(Acem), en sus centros la matrícula se ha incrementado un 27% en dos años. Se explica porque las ayudas por alumno han pasado de 600 euros a 230 en tres cursos y aún no se sabe cuál será la aportación de la Generalitat en este 2012-2013.
La carta de despido no ha llegado, sin embargo, a la Escuela Municipal de Música y Danza
Raimundo Truchado, de Ciempozuelos (Madrid). Las clases no han empezado y los profesores van por las mañanas a no hacer nada. El Ayuntamiento ha privatizado estas enseñanzas sin despedir a los 14 docentes —los seis eventuales ya no están—, pese a que el acuerdo con la empresa no contempla la subrogación del profesorado. Los abogados han recomendado al Consistorio que no opine sobre el conflicto mientras esté abierto y solo remachan que harán lo mejor para los alumnos y sus arcas. “Estamos en una situación desesperante. Nadie nos da una explicación”, dice Eva Gómez, directora de la escuela de Ciempozuelos desde su apertura, en 1996. Orgullosa, recuerda que su centro aparece como modelo a seguir en una reciente guía de municipios por su manera de integrar en el plan de estudios música y danza. La mitad de los 500.000 euros de presupuesto se sufragaban con las cuotas de sus alumnos y las ayudas de la Comunidad de Madrid, y los profesores propusieron bajarse el sueldo un 25%, alquilar las salas para ensayos, y cobrar una pequeña cantidad por los conciertos y las actividades escolares de las que se beneficiaban el 80% de los alumnos de infantil y primaria de la localidad. No convencieron. Según la asociación de alumnos, el acuerdo obliga a pagar a la empresa 60.000 euros, además de correr con los gastos mensuales del edificio. “Por lo que al final se va a gastar tanto o más”. Y aseguran que el Ayuntamiento, del Partido Popular, además, se ha gastado 20.000 euros en asesoría legal para echar a los docentes. La alcaldesa metió en los buzones un comunicado en el que constaban los sueldos de los profesores. “Querían dejarlos como vagos y se hizo trampa incluyendo lo que cuesta la Seguridad Social”, denuncia Miguel Martínez Porres, portavoz de la asociación.
En febrero, la Sociedad para la Educación Musical del Estado Español (
SEM-EE) temía el cierre del 30% de las escuelas de la Comunidad Valenciana por falta de subvenciones. “Ahora está llegando el dinero, pero no todo y nos tememos que algunas desaparezcan”, explica su presidenta, Anna M. Vernia. Por eso esta sociedad va a organizar en esta región una jornada de trabajo para intentar mejorar la gestión de las escuelas.
En Alberic (Valencia), ejemplo de la fiebre faraónica, el Ayuntamiento comenzó las obras en 2009 de su escuela. Se han invertido 1,1 millones y no hay fecha para la llegada de los instrumentos.
En Andalucía, la Junta suprimió en otoño las ayudas a las 120 escuelas municipales que recibían entre 4.000 y 5.000 euros por centro. Pero, ante la llamada de auxilio de estas, este febrero anunció que volvería a convocarlas, eso sí, con un recorte del 20%.
“El
conservatorio de Mérida no se va a cerrar. Es una idea maquiavélica. Entre otras cosas porque el partido socialista hizo funcionarios a 20 profesores y sí o sí tienen que seguir impartiendo clase. ¿Qué voy a hacer? ¿Ponerles a tocar el piano en la primera planta del Ayuntamiento?”, sostiene Lourdes Nogales, delegada municipal del conservatorio. Calcula que cada alumno le cuesta al Ayuntamiento 6.000 euros —las enseñanzas del conservatorio son más costosas— “y eso lo tienen que pagar los ciudadanos con sus impuestos”. Según la Ley de Educación de Extremadura de 2011, de aquí a seis años el conservatorio tiene que depender del Gobierno autónomo, pero Mérida quiere que sea ya. Las cuotas han subido un 15% este año —“no se tocaban desde 2006”, precisa Nogales— y no se sabe qué ocurrirá el año que viene.
“La Junta alega que ahora no puede hacerse cargo porque tendría que asumir además los centros de Montijo y Don Benito, también municipales”,
se lamenta María Luisa Rojas, jefa de estudios.
“Las orquestas vendrán de fuera”
Cuenta escandalizada Anna M. Vernia, presidenta de SEM-EE (Sociedad para la Educación Musical del Estado Español), que hay profesores en escuelas municipales impartiendo clases a tan solo cinco euros la hora y gastando además gasolina para ir de una localidad a la otra.
Montse Faura, presidenta de la Unión de Escuelas de Música y Danza, también se lleva las manos a la cabeza. “Hay una gran fragilidad económica y todo se desvirtúa. Vamos hacia la prostitución del gremio. No hay un organismo que diga: a partir de aquí no se pueden bajar más los precios”. Faura es pesimista: “De seguir por este camino las orquestas tendrán que venir de fuera de España. Y, no hay que olvidar, que estas escuelas municipales son la plataforma para los conservatorios”. Faura se niega a comparar las escuelas municipales con las academias privadas. “En muchas tienen a los profesores sin contrato y en unos locales que no son de ensayo”.
En Castilla-La Mancha la ayuda autonómica duró tres años y suponía tan solo el 6% del presupuesto de las escuelas. En la actualidad no han cobrado siquiera la subvención del pasado curso. “Hay escuelas que han tenido que duplicar las cuotas y estamos al borde de la ruina. Muchas no tienen ni 100 euros para pagar la cuota de estar afiliadas”, cuenta apenado Andrés Alarcón, el presidente de las escuelas municipales de música y danza. Aún no sabe de dónde sacará el dinero para mantener en centro que dirige en Quintanar del Rey (Cuenca) el próximo curso. “El alcalde ya me ha dicho que hay 0 euros”.
“Hay que recordar que los Estados con una mejor educación inciden en la formación musical y, en general, artística. Porque saben que fomenta, por ejemplo, la capacidad matemática que tanto preocupa ahora”, explica Vernia.
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